Naturalmente hubo que abastecerse de harina de fuera, pero el 28 de Noviembre de aquel fatídico año 1.907 España tenía pan suficiente para todos. Aún así los conflictos siguieron puesto que, amparados por la natural desconfianza, mucha gente se suministró con largueza y a otros no les llegó. El problema seguía, por problemas de reparto y de nuevo las autoridades hubieron de intervenir. Ahora eran los panaderos los que se declaraban en huelga, pues el propio Gobierno les hacía la competencia aportando ingentes cantidades de pan a precio más bajo. Haciendo oídos a los tahoneros las autoridades aumentaron la producción que, sumada a la llegada de pan de los pueblos próximos, normalizarían la situación.
La censura de los panaderos se dirigeió entonces al Gobernador Civil asegurando que no era cierto que éste les ofreciera harina a precios de tasa para poder fabricar pan más barato. El Alcalde salió al paso para asegurar que gracias al pan llegado de fuera y al alarde productivo de la Panificadora y Gobernación Militar, pudo garantizarse el normal abastecimiento de pan a toda la población, quedando prohibida -eso sí- la producción de "pan de lujo" hasta nueva orden. Sin embargo en la calle no cesaban las protestas. Ante la falta de harina barata, algunos tahoneros trajeron sacos de pan de los pueblos próximos y los vendían en la calle.
Carros cargados con pan para los comedores sociales eran custodiados por las fuerzas públicas y aún así asaltados por la muchedumbre hambrienta. También los tumultos se sucedían entre quienes esperaban durante horas en la cola para recibir el ansiado alimento. La Guardia Civil llevó a cabo algunas cargas para controlar la situación. La solución definitiva vino con la compra de trigo americano, a precios muy inferiores al de producción nacional. La adquisición de 128.000 toneladas a 60 pesetas el saco de 100 kilos, consiguen abaratar los precios del trigo nacional y consecuentemente del pan. Sin embargo la reacción favorable del mercado se nubla ante el inevitable acaparamiento.
Según las autoridades había un exceso de tahonas y más aún de obreros del sector. Saliendo al paso de posibles huelgas, el Gobierno propuso una acción cooperativista para que desaparecieran los conflictos. Paralelamente seguiría comprándose trigo extranjero cuando la producción interior no fuera la suficiente. Según la información periodística de aquellos días, para abonar la diferencia de jornales a los panaderos con respecto al nuevo precio de las harinas, en quince meses el Estado sacó de sus arcas 30 millones de pesetas, solo en Madrid. El Gobierno marcó precios máximos y un buen número de artesanos cerraron sus negocios, pero el conflicto del pan quedó resuelto.
RAFAEL FABREGAT
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