Forma de ejecución impuesta por Fernando VII (1784-1833) y que estuvo en activo en España hasta el final de la dictadura de Franco. En aquellos tiempos y ya desde muy atrás, las ejecuciones públicas despertaban mucha expectación y también la prensa daba cuenta entre sus páginas de todos los pormenores de las mismas. Tan estremecedores y morbosos que pocos se resistían incluso a dar detalle de las últimas palabras del reo: "Hagan de mi lo que quieran pero rápido", etc. Alguno de estos verdugos tenían costumbre de acabar su trabajo con alguna frase: "Ala, con la música a otra parte". Los había muy concienzudos en su trabajo y hasta presumían de ello. "Vean, ni un pellizco, ni un rasguño, nada, tres cuartos de vuelta y en dos segundos..." Así eran aquellas gentes que tenían de su profesión el mismo orgullo que si fueran cirujanos.
Cada una de aquellas ejecuciones sumarísimas significaba para la prensa tres o cuatro páginas que los lectores consumían con avidez. El propio periódico solía decir que presenciar las ejecuciones era una acto verdaderamente dramático y sumamente desagradable, pero era su trabajo y había que darle al público lo que éste demandaba. Los periodistas seguían incluso a los verdugos hasta las diferentes ciudades en las que se les llamaba. El día anterior ya podías leer en el periódico lo que los reos habían cenado la noche anterior y si habían hecho algún comentario al respecto, visitas de sus familiares, últimos deseos, etc. También se informaba de lo que el verdugo cobraba por dicho trabajo que, aunque muy similar, podía ser diferente según la plaza.
La tarifa habitual a principios del siglo XX solían ser 50 pesetas por la ejecución; 40 ptas. por los gastos de desplazamiento; 17 ptas. de dietas; y 15 ptas. por transporte de aparatos. Total 124 pesetas que el verdugo cobraba inmediatamente después de realizar el trabajo. ¡Un dineral!.
Es histórica, por chapucera y horrorosa, la ejecución del soldado Juan Chinchurreta, como autor del crimen de Anzánigo, donde había dado muerte al joven de 24 años Pascual Abad con el único objetivo de robarle las 50 pesetas que había cobrado por su trabajo en las obras de la línea ferroviaria de Zaragoza a Canfranc. Chinchurreta había sido detenido junto a otro soldado y un cabo, pero él mismo había declarado ser el único autor del crimen y ambos compañeros fueron indultados.
Aún habiéndose confesado culpable y recibir el perdón de la familia de la víctima, Chinchurreta no obtuvo clemencia del Gobierno y se fijó su ejecución para el 17 de enero de 1893. Aquella ejecución marcó un hito para los aragoneses liberales y anarquistas que ya pedían desde tiempo atrás el final de aquellas ejecuciones y más aún en plaza pública. Hasta las tiendas cerraron y algunos verdugos se negaron a "trabajar" en la ciudad de Zaragoza. A pesar de todo el caso de Chinchurreta siguió adelante y para su desgracia le tocó a José González Irigoyen ser su verdugo. El hombre tenía ya cumplidos los 81 años y apenas si podía subir al patíbulo, pero le gustaba su profesión y seguía a pesar de la edad. El octogenario verdugo se alegró por tanto de que el reo no obtuviera clemencia y acudió a su trabajo.
Con el pelo totalmente blanco, encorvado y achacoso, presentaba un aspecto antipático y extremadamente repulsivo.
Irigoyen cumplía sus obligaciones con gusto y estuvo probando el mecanismo hasta la llegada del reo. Primero le quitó la chaquetilla al militar y le ató de pies y manos, no tan bien como debiera haberlo hecho. El verdugo le ajustó la anilla al cuello y, poniéndole un pañuelo negro en la cara del reo, ya sin mediar palabra apretó el tornillo que había de romperle el cuello por dislocación de las vértebras. Normalmente con menos de una vuelta de tornillo la muerte es inmediata pero, en este caso, como el reo no tenía los pies bien atados, éstos se lanzaron al aire en movimientos convulsivos y el verdugo, en medio del griterío de la muchedumbre, tuvo que dar hasta cinco vueltas completas al tornillo para acabarlo de matar.
El escándalo fue inmenso y, abierto el correspondiente expediente, el octogenario fue inhabilitado por no poder ejercer su oficio con la necesaria fortaleza física. Siete años después otros dos presos esperaban su ejecución en Zaragoza pero las protestas del gobierno aragonés y la de los vecinos, que destrozaron el cadalso, hizo que fueran indultados. Todavía gobernando el dictador Francisco Franco, el día 2 de Marzo de 1974, se llevaron a cabo dos ejecuciones por el sistema del "garrote vil". Fueron el anarquista catalán Salvador Puig y el preso común Heinz Chez, ambos condenados por la muerte del sub-inspector del Cuerpo General de Policía de Barcelona Don Francisco Anguas Barragán. De hecho, hasta la Aprobación de la Constitución Española de 1978 y la total abolición de la pena de muerte, este fue el sistema implantado en España para los condenados a muerte.
RAFAEL FABREGAT
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