5 de junio de 2019

2785- GOLPE DE ESTADO.

La fiscalía lo tiene clarísimo, tan claro como lo tenemos la gente de a pie desde el primer día. Lo que organizaron los dirigentes de la Generalitat de Cataluya fue un Golpe de Estado en toda regla. No para hacerse con el poder de la nación, como suele ser habitual, sino para separarse de ella. De una forma u otra, se trataba de una revuelta organizada por los independentistas catalanes para romper con las reglas establecidas en la Constitución Española segregando una parte del territorio. Es verdad que se cuidaron de que no aparecieran las armas en ese movimiento secesionista, pero no hacían falta para entender cuales eran sus intenciones. Simplemente no quisieron correr un riesgo en el que, con armas en las manos, se veían claros perdedores. No hace falta ser un lince para saber cuan claras eran sus expectativas.

Sea como fuere, dos millones de personas no pueden decidir sobre lo que quieren los 45 millones de españoles restantes. Se equivocan cuando creen que Cataluña es "suya". Se trata de una región española en la que, además, ni siquiera son mayoría. Ignoramos cual será la sentencia del Tribunal Supremo puesto que, por muy independientes que quieran ser, los políticos tienen siempre mucho que decir. De todas formas la mayoría abismal de los españoles esperan y desean que la sentencia sea ejemplar y condene los hechos y más aún las intenciones de quienes organizaron el golpe. No necesitaron armas para que la coacción se produjera y con la colaboración de los "Mossos d'Escuadra" que apoyaron claramente a los políticos catalanes que organizaron la insurrección y posterior declaración de independencia.

Otra cosa es la condena que pueda aplicarse, porque la justicia española sí es democrática y tiene en cuenta todos los pros y contras del proceso y sus consecuencias. La gentuza es quien mejor se aprovecha de las instituciones y de la libertad que se disfruta en este país democrático. De todas maneras la opinión mayoritaria de quienes nada sabemos de leyes, sería la inhabilitación a perpetuidad de cualquier cargo público. Nada de prisiones para gente que no tiene suficiente con ostentar un cargo público de primer orden y mejor salario. El mejor castigo que puede aplicarse a gente de esa calaña es que no puedan acceder nunca más a ningún cargo político, ni siquiera como asesores. Y lo mismo para quienes han disfrutado de puestos de trabajo, otorgados a dedo, a cambio de su apoyo incondicional.

Lo que nos resulta chocante a quienes no conocemos suficientemente el fondo de la cuestión y las leyes al respecto, es que se haya "olvidado" al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y todas las culpas organizativas del Golpe recaigan ahora en la figura de Oriol Junqueras. El santurrón que, al parecer, llevaba años diseñando la forma de llevar a cabo la independencia unilateral con las mínimas consecuencias para él y para sus acólitos. Pero no estaba solo. Escapado el presidente Puigdemont a la ciudad belga de Waterloo, cae sobre el vicepresidente Junqueras todo el peso de la ley. Su asistencia dominical a "misa de 10" no le ha valido de indulgencia, al menos jurídica. Tampoco sus contínuas declaraciones como mártir del Estado Español. Veremos cual será la sentencia final del Tribunal Supremo... ¡Y cuales los recursos que siempre esgrimen los culpables!

RAFAEL FABREGAT

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