16 de diciembre de 2009

0024- MENDIZABAL Y LOS NUEVOS RICOS.


Juan Álvarez de Mendizábal.
En cualquier pueblo de España, por pequeño que sea, existen una serie de familias que siempre han sido llamadas coloquialmente "los ricos del pueblo". Gentes a las que siempre hemos considerado (equivocadamente) como "ricos históricos", pensando que sus bienes provenían de tiempos remotos del medievo o al menos, de la época en que se produjo la expulsión de los judíos de tierras peninsulares.
Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Gran parte de esas familias son ricas desde hace menos de 150 años atrás y no por conquistas medievales, sino por la oportunidad y provecho que de ella sacaron en su momento sus antecesores. Hasta entonces estas familias gozaban tan solo del privilegio de ser quienes mandaban en la comunidad; dirigentes siempre necesarios para que la Corona pudiera controlar al populacho del cual, aunque sobresaliendo, formaban parte. Las grandes casas y las grandes fincas eran de la Corona, de la Iglesia, de los Nobles y de los Municipios. Al pueblo llano se le permitía tan solo acceder a la propiedad de parcelas marginales de baja calidad o de monte bajo que con su duro trabajo pudieran transformar en cultivables.
Y esta es la narración de aquellos acontecimientos históricos...

Fernando VII de Borbón (1784-1833) abolió la "Ley Sálica" , instaurada en España por Felipe V en 1.713 y que apartaba a las mujeres de la sucesión.
No teniendo hijos varones, con este decreto Fernando VII quiso asegurar el trono para su hija, la futura Isabel II, lo que excluía a su hermano Carlos que era el sucesor legítimo. El infante y sus partidarios se sublevaron provocando la Guerra Carlista que duraría 7 años.
A la muerte de Fernando VII, su hija Isabel solo contaba 3 años de edad, por lo que se nombró Regente a su madre Doña Maria Cristina de las Dos Sicilias que ejerció el cargo durante 10 años.
Juan Álvarez Mendizábal (1790-1853) a la sazón Ministro de Hacienda y posteriormente Presidente del Gobierno, era hijo de madre judía (Margarita Méndez) por lo que cambió su segundo apellido por el de Mendizábal para ocultar su origen.
Ante la delicada situación económica provocada por los gastos militares de la guerra carlista Mendizábal expuso a la regente Doña Maria Cristina la necesidad de reforzar el ejército con 100.000 hombres a fin de acabar definitivamente con la guerra civil. Los costes estaba previsto financiarlos con un empréstito inglés, pero la especulación hizo imposible el crédito y tuvo que recurrirse al reclutamiento forzoso.

Para paliar la creciente Deuda Pública Mendizábal, propuso a la burguesía que se hiciera cargo de las tierras en "manos muertas" con el fin de aumentar la producción agrícola y con ello los ingresos de la Corona. Ante su negativa y creyendo firmemente que la solución que se necesitaba era poner en producción la enorme cantidad de tierras entonces abandonadas, mediante decreto del 19 de Febrero de 1.836 se pusieron a la venta las propiedades nobiliarias y los bienes de las órdenes religiosas extinguidas, que los habían acumulado a lo largo de los años con donaciones, abintestatos, etc. admitiéndose el pago en títulos de deuda consolidada, con el valor nominal de esos títulos. Para completar la operación y en previsión de problemas posteriores, mediante nuevo decreto de 8 de Marzo del mismo año, se eliminaron las corporaciones religiosas de clérigos regulares que podían reclamarlos. El gran error del proyecto de Mendizábal, inevitable por otra parte, fué que la división de los lotes y el control de las subastas se encomendaron a comisiones municipales que aprovecharon su poder para manipular a su antojo las condiciones de las subastas, configurando grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios.

Tanto en el medio rural como en las ciudades la gente humilde, aún teniendo posibilidades, no podían comprar; bien porque no tenían información de las subastas o porque éstas estaban amañadas por los potentados locales y sus afines, que estaban en connivencia con los que las dirigían. Por consiguiente la Desamortización de Mendizábal no consiguió los propósitos que pretendía su creador y solo contribuyó al latifundismo y a un urbanismo discriminatorio.
En cuanto al aumento de la producción agraria, que pretendía Mendizábal, tampoco se consiguió en absoluto puesto que los nuevos propietarios no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a sustituir los diezmos por nuevos contratos de arrendamiento y a cobrar las rentas a los mismos aparceros que las habían trabajado hasta entonces. Algunos nuevos propietarios consiguieron adquirir tal cantidad de bienes, que pasaron a vivir en la ciudad ajenos a los problemas agrícolas y la productividad media descendió de manera notable, ya que las únicas tierras que se trabajaron por vez primera eran marginales, tierras de baja calidad que no tenían interés para los dirigentes y que llegaron a manos de la gente humilde.

Las grandes fincas y las urbanas mejor situadas, fueron a parar a manos de los caciques locales o a inversores que traficaron con los títulos de deuda que los dirigentes de la subasta pública suministraban a los compradores. La llamada Desamortización de Mendizábal se refiere pues a las Leyes que posibilitaron la venta de aquellas propiedades rústicas y urbanas pertenecientes a entidades impersonales y siempre con la intención de lograr una mejor distribución de la riqueza que mejorara su rendimiento, pero esa prosperidad general y por extensión la de la Corona, solo se consiguió en parte. La deuda acumulada por la guerra no se resolvió en su totalidad, aunque se atenuó notablemente debido a los ingresos que aquellas ventas proporcionaron. Aún así la gestión de Mendizábal se consideró fracasada y unido ello a la imposibilidad de acabar con la guerra carlista se forzó su dimisión.

Pero las ventas no cesaron hasta finales del siglo XIX a pesar de los diferentes cambios de gobierno. Todos los diferentes políticos estaban convencidos de la necesidad de acabar con "las manos muertas" para desarrollar el país. En 1.867 se habian vendido 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas.
Solo en cuarenta años (1855-1895) el estado ingresó 7.856.000 reales, el doble de lo recaudado con la desamortización de Mendizábal.
Se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% era de la Iglesia, el 20% beneficencia y el 50% restante a propiedades municipales, fundamentalmente pueblos. Las leyes de desamortización fueron derogadas por Calvo Sotelo en 1.924. Estos nuevos ricos "nacidos" durante el reinado de Isabel II (1833-1868) constituyeron pues la élite terrateniente de la época y en la mayor parte de los casos, sus descendientes han seguido ostentado no solo los títulos de propiedad adquiridos por sus antepasados sino que, al menos en el medio rural, también el poder local que aquellos disfrutaban.

Esa es la historia de los ricos históricos a quienes el proletariado, instigado por aquellos que queriendo comer de la "tarta de Mendizábal" no tuvieron oportunidad de hacerlo, siempre tachó de ladrones. Nada más lejos de la realidad. Si hay que definir con una palabra a quienes consiguieron que se les adjudicaran bienes en tan especiales condiciones, sería la de oportunistas; pero que nadie les critique por ello ya que, cualquiera que hubiese tenido esa misma oportunidad la hubiera aprovechado sin duda y muy especialmente aquellos que tan duramente les adjudicó el título de ladrones.

La operación de compra fue totalmente legal, no así la forma en que se llevó a cabo. Está claro que fue un claro abuso de poder pero eso ha sido y sigue siendo igual desde la noche de los tiempos, sea quien sea el que lo ostente. Los buitres oportunistas están siempre al acecho pero que nadie dude que los actuales propietarios de aquellos bienes, descendientes de los coetáneos de Isabel II, son dueños legítimos. En primer lugar porque ellos no hicieron otra cosa que heredarlos de sus antepasados y en segundo lugar porque, como se ha relatado anteriormente, aquellos no los robaron sino que los compraron, solo que... ¡en condiciones muy especiales!
Demasiado especiales, diría yo...

EL ÚLTIMO CONDILL

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